La función de compras y arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios generales y profesionales, por parte de los diferentes ámbitos y niveles de Gobierno, está sujeta a una amplia y profusa regulación jurídico-administrativo, que parte desde el ámbito Constitucional y legal, hasta la expedición de diversos instrumentos administrativos, que aplican de manera específica a los diferentes entes públicos de carácter nacional, sub-nacional y local. En este sentido, la profesionalización de personas, que presten sus servicios en el ámbito público y privado, contribuye al mejor desempeño de las instituciones y viene a garantizar, que los recursos económicos que se utilicen para tal fin, coadyuven al desarrollo económico y social del país.